El miedo va a cambiar de bando. Todos hemos escuchado alguna vez esta contundente consigna. Pero siendo rigurosos, más que cambiar lo que va a hacer el miedo es volver a donde estaba en 2008. Porque el año que estalla la crisis global, las élites económicas estaban aterrorizadas ante la perspectiva de que sus manejos hubiesen hundido al sistema.
Ese año escuchamos al muy conservador Sarkozy contar al mundo que había que "refundar el capitalismo sobre unas bases éticas". También poderosos hombres de negocio, magnates de la banca, salían a la luz pública a reconocer que la culpa de la crisis había sido suya, se disculpaban y hasta pedían más regulación en los mercados. El culmen de este pánico se vivió entre el Miércoles 17 y el Jueves 18 de Septiembre de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, cuando el sistema financiero estuvo a punto de un colapso total y se inició un período que se vino a llamar de congelamiento del crédito, que en su punto más crítico implicó la paralización del crédito interbancario y de la emisión de papeles comerciales de corto. Nadie se fiaba de nadie y el dinero dejó de circular. Mientras los trabajadores, ajenos, miraban esos manejos en los telediarios con indiferencia, las oligarquías estaban cagadas de miedo.
A partir de ahí la cosa cambia y comienza su salida a la crisis a nuestra costa. El discurso de la culpa es de todos y lo de vivir por encima de las posibilidades. Las inyecciones mil millonarias a la banca, la asunción pública de su deuda privada, y de paso, el desmantelamiento de los estados sociales y los derechos laborales en occidente para recuperar las tasas de ganancia. La vieja receta neoliberal que nos había llevado a la crisis pero aun más salvaje, a ver si así funciona mejor.
Al final, la pregunta clave de todo este juego de poder es quién va a pagar la crisis. Pues mientras la indignada ciudadanía, en las manifestaciones, corean consignas como "¡Vuestra crisis no la pagamos!", la realidad es que son las rentas del trabajo las que estamos pagando los platos rotos.
Solo hay que echar un vistazo a la evolución de los ingresos tributarios en nuestro país:
La recaudación del Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios empresariales, las rentas del capital, se ha reducido más de la mitad desde antes de la crisis. En 2012, el gobierno inyectó a los bancos 41.300 millones de euros vía rescate bancario, casi el doble de lo que aportaron al estado todos los y las capitalistas españoles juntos. Un año después reconocía que daba por perdidos 36.000 millones, que no va a recuperar pero que sí tiene que devolver a la UE con los correspondientes intereses. Luego la cuenta es sencilla, nos sale a pagar a las rentas del trabajo la devolución del rescate bancario.
La recaudación vía rentas del trabajo se ha mantenido, pero como los salarios han bajado y hay mas desempleo, parece claro que ha sido a costa de subir los tipos impositivos y quitar deducciones. Respecto al IVA, ni siquiera la subida de 5 puntos porcentuales, del 16 al 21%, ha conseguido mantener la recaudación. En lo que representa un claro indicador del gran problema que supone para este país la caída del consumo y la demanda agregada interna, que representa el 98% del PIB.
En conclusión, los asalariados y asalariadas somos el 82´4% de la población ocupada española. Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia el 17´5%. Pero de éstos solo el 5´2% son empleadores, el resto son autónomos o cooperativistas. Luego el 94´8% de la población nos repartimos el 44´2% del PIB y soportamos el 87% de la carga fiscal. Mientras, el 5´2% de capitalistas se reparte el 46´1% del PIB y solo soporta el 9´7% de la presión fiscal. Pues no parece un modelo muy eficiente económicamente y desde luego el principio de progresividad en la tributación consagrado en la Constitución Española brilla por su ausencia.
De modo que así está la cosa. Tenemos una deuda pública en el máximo histórico del 95´7% del PIB, que ya es a todas luces impagable. Una deuda derivada de asumir como pública la inmensa deuda privada, principalmente, del sector financiero. El gobierno necesita urgentemente liquidez para, al menos, ir pagando los vencimientos. En consecuencia tiene que subir los impuestos, pero como eso ya lo ha hecho y no es muy estético, lo llama reforma fiscal. Y para que parezca que no es cosa suya sino una necesidad técnica de la economía, se la encarga a un comité de expertos amigos suyos.
Pues bien, el grupo de expertos que el gobierno tenía cocinando la reforma fiscal concluye que hay que subir el IVA y bajar el Impuesto de Sociedades e IRPF y eliminar el de patrimonio. A lo que De Guindos replica que no se tocará el IVA en lo sustancial. Dejando claramente entrever que una subida de los tipos reducidos sí que entra en los planes del gobierno.
De modo que las conclusiones, las de siempre, que paguen los trabajadores y trabajadoras. Y ya de paso, que los ricos y ricas paguen un poquito menos. O sea, bajar el IRPF que beneficia sobre todo a los tramos más altos que son los que más pagan, bajar el IS y quitar Patrimonio, por si las rentas del capital y rentistas no estaban suficientemente privilegiados, y subir el IVA, a ver si conseguimos terminar de darle la puntilla a la economía con la demanda agregada interna.
En definitiva nos traen otra reforma ideológica, por más que la disfracen de comité de sabios, que viene a afianzar los privilegios clasistas. Y por tanto, hay que responder esgrimiendo una contrarreforma que defienda los intereses de los trabajadores y asegure la viabilidad económica del país. En esa línea es muy recomendable leer la propuesta de CCOO. Sus claves:
- Ampliar el IVA reducido a productos como los suministros energéticos y otros de primera necesidad
- Bajar el IS solo a sociedades de nueva creación y cambiar las deducciones que terminan por hacer que las grandes empresas tengan un tipo efectivo menor que las PyMES
- Lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal
- Nuevos impuestos a la riqueza, transacciones financieras y medioambientales
- Quitar deducciones al IRPF que benefician solo a las rentas más altas.
En cualquier caso es una cuestión fundamental, puesto que el dinero es la concreción final de la política y hacer realidad ese grito de las manifestaciones de "¡vuestra crisis no la pagamos!" pasa por derribar este régimen fiscal, sino sí que la vamos a pagar, y con creces.
